La Fundación Policlínica Ciénaga, con 32 años de historia en la atención a la población vulnerable, ha tomado la difícil decisión de cerrar su unidad de neonatología tras 19 años de servicio. Este cierre no solo afecta a los recién nacidos y sus familias, sino que también refleja una crisis más amplia en el sistema de salud y en las condiciones laborales de sus empleados.
La decisión fue motivada por múltiples factores, entre ellos, la imposibilidad de recaudar las deudas acumuladas por parte de las EPS liquidadas o en proceso de liquidación. Además, la moratoria en el pago de las deudas por parte de EPS vigentes ha llevado a una disminución crítica en el porcentaje ocupacional del servicio. A esto se suma una denuncia sobre la desviación de contratos de alto riesgo obstétrico hacia clínicas de Santa Marta, lo que ha privado a la Policlínica Ciénaga de recursos vitales para su sostenibilidad económica.
La decisión del cierre de la UCI neonatal está contemplada a finales del mes de abril, cuando culmina el contrato de arrendamiento.
A esta preocupante situación se añade que los trabajadores de la Policlínica vienen arrastrando el no pago de cuatro meses de sus salarios, entre ellas, las Enfermeras, auxiliares clínicos, personal administrativo, trabajadores de servicios generales, farmacia y radiología, entre otros, quienes han estado luchando por el pago atrasado de sus sueldos. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre el personal que, a pesar de estar al día con sus responsabilidades laborales, enfrenta dificultades económicas significativas.
La crisis es aún más grave en la entidad POLIFRACTURA, donde varios empleados han denunciado que se les adeudan salarios desde hace más de seis meses. La falta de pago pone en riesgo no solo la estabilidad laboral de los trabajadores, sino también la calidad del servicio ofrecido a los pacientes.
El cierre de la unidad neonatal y los atrasos salariales son un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas que garanticen tanto el acceso a servicios médicos esenciales como el bienestar económico de quienes dedican su vida a cuidar la salud pública.